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Un instituto de la European Public Law Organization (EPLO)

Las instituciones públicas responden de sus sistemas digitales. Les ayudamos a mantener el control.

Cada vez más decisiones públicas se adoptan por medio de sistemas digitales, a menudo desarrollados y gestionados por proveedores. El Institute for Digital Society & Future Public Law evalúa esos sistemas a la luz de los requisitos del Derecho público, forma a las personas que los gobiernan y ayuda a las instituciones a prepararse para sus obligaciones legales.

Para autoridades centrales y locales, reguladores y tribunales, y para los proveedores de tecnología que les prestan servicio.

Aprobado en principio por el Comité Ejecutivo de la EPLO el 20 de agosto de 2026 y creado por su decisión de 14 de octubre de 2026.

Mensaje del Director de la EPLO

Bajo el vocabulario técnico de cualquier época … se halla una sola pregunta que ha ocupado al Derecho público europeo desde que se diferenció como disciplina: ¿en virtud de qué autoridad exige obediencia el poder, y mediante qué mecanismo lo obliga el Derecho a responder? «El poder sobre el código» plantea esta pregunta al algoritmo.

«El poder sobre el código» no se propone regular la tecnología como tal. Esa es una tarea que, en todo caso, conviene dejar a los legisladores. Propone algo más modesto y, creo, más útil para los juristas: un método mediante el cual el ejercicio del poder público, dondequiera que llegue a residir dentro de un sistema digital, pueda contrastarse con los criterios que el Derecho público le aplica desde antiguo.

Profesor Spyridon Flogaitis, Director de la European Public Law OrganizationTraducido del original inglés.Sobre las publicaciones
El problema

Cuando un sistema decide, quien responde sigue siendo la institución

La admisibilidad para beneficiarse de prestaciones, las autorizaciones, las comprobaciones de identidad, la asignación de asuntos y la puntuación de riesgo dependen hoy, total o parcialmente, de programas informáticos. Buena parte de ellos los diseñan, alojan y actualizan proveedores privados.

La responsabilidad no se desplaza con la tecnología. La institución sigue respondiendo jurídicamente de toda decisión adoptada en su nombre, con independencia de quién haya escrito el código.

De ahí se derivan tres preguntas. Muchas instituciones aún no pueden responderlas con pruebas.

  • Habilitación. ¿Existe una base jurídica clara para lo que hace el sistema?
  • Control. ¿Puede la institución comprender, dirigir, corregir y, si es necesario, detener el sistema?
  • Rendición de cuentas. ¿Puede una persona afectada obtener una explicación y una revisión, y disponer de una vía de recurso?

Nuestra labor consiste en ayudar a las instituciones a responder a estas preguntas antes de que se las formule un tribunal, un auditor o el público.

Servicios

Tres servicios que ya pueden encargarse

Cada servicio se refiere a una sola institución y, en su caso, a una sola función pública determinada. Cada uno puede encargarse por separado.

Unas 2 semanas (duración orientativa)

Revisión de alcance DPLIA

Un primer análisis estructurado de una función pública y del sistema digital que la sustenta. Usted recibe una breve nota de alcance, que indica si la función entra en el ámbito del método, dónde se sitúan las principales cuestiones jurídicas y de control, y qué requeriría una evaluación completa.

Sobre la Revisión de alcance

De 6 a 8 semanas (duración orientativa), según la complejidad

Evaluación DPLIA completa

Una evaluación de impacto de Derecho público digital completa de una función determinada, examinada a la luz de las Seis Puertas de la Norma. Usted recibe una declaración de constataciones, con las pruebas que sustentan cada una de ellas y las medidas correctoras recomendadas. La decisión la adopta su institución.

Sobre la Evaluación completa

A medida; al menos 4 semanas de preparación

Preparación y formación

Un programa diseñado para su institución: una revisión del modo en que se gobiernan hoy sus sistemas digitales, y formación para los empleados públicos, los juristas y el personal técnico que los gobiernan.

Sobre «Preparación y formación»

Los precios se facilitan previa solicitud.

Los tres servicios son de asesoramiento. Ninguno constituye una certificación, y ninguno sustituye a una decisión o a una evaluación que el Derecho obligue a su institución a adoptar o realizar por sí misma.

Por dónde empezar

¿Cuál es su necesidad?

¿Tiene dudas? Envíe una solicitud y le propondremos un punto de partida. Enviar una solicitud

Norma y método

El poder sobre el código y la DPLIA

«El poder sobre el código» es la norma insignia del Instituto. Establece lo que una institución pública debería poder demostrar cuando ejerce la autoridad pública por medio de un sistema digital: una habilitación legal, un diseño respetuoso con los derechos, una responsabilidad pública clara, control operativo, pruebas y vías de recurso, y continuidad y salida.

La evaluación de impacto de Derecho público digital (DPLIA) es el método que aplica la Norma a una sola función pública cada vez. Concluye con una decisión que la propia institución adopta y consigna.

El poder sobre el código: Norma de Derecho Público Digital, Borrador para consulta v1.0. Elaborada por el Instituto. Aún no ha sido adoptada ni respaldada por la EPLO.

La Norma es Derecho indicativo (soft law). Una declaración de constataciones formulada con arreglo a ella no es un certificado, ni una marca de conformidad, ni una declaración de legalidad.

Las normas ISO/IEC 42001 e ISO/IEC 27001 son marcos complementarios. La auditoría de un sistema de gestión examina si una organización gobierna bien su IA o la seguridad de su información. La DPLIA examina si una institución pública mantiene un control conforme a Derecho sobre una función pública determinada. Cuando existen pruebas de ese tipo, la DPLIA las utiliza y no las duplica.

Observatorio

Sistemas digitales públicos, examinados a partir de fuentes abiertas

El Observatorio recoge sistemas digitales públicos que el Instituto examina a partir de fuentes publicadas: algoritmos de prestaciones, sistemas de identidad digital, plataformas de datos sanitarios, rastreo de contactos y sistemas que contratistas privados gestionan por cuenta del Estado. Cada entrada indica la función pública de que se trata, las fuentes utilizadas, la fecha a la que está actualizada y la solidez de las pruebas.

Ordenamientos jurídicos en los que el Instituto examina sistemas digitales públicos a partir de fuentes abiertas. La cobertura indica dónde se examinan casos, no dónde se ha validado o adoptado el método.

Tres casos

  • Francia. El modelo de 2026 que utiliza la caja de prestaciones familiares (CNAF) para seleccionar los expedientes que se someten a control.
  • Unión Europea. La cartera europea de identidad digital.
  • Inglaterra. La NHS Federated Data Platform.

Se trata de análisis propios del Instituto, basados en fuentes abiertas. No fueron encargados por las instituciones en cuestión y no constituyen referencias de clientes.

Boletín

Digital Public Law Monthly

Un repaso mensual de las novedades del Derecho público digital en todo el mundo. Cada número se publica en este sitio. Los suscriptores reciben un correo electrónico por número, con el sumario y los enlaces a los artículos.

La suscripción se confirma por correo electrónico (doble confirmación). Los correos no incluyen ningún seguimiento de aperturas ni de clics, y este sitio no instala cookies. Puede darse de baja en cualquier momento.

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Nuestra forma de trabajar

Cómo se desarrolla un encargo

1

Solicitud

Usted nos indica de qué función o sistema se trata y qué necesita. Respondemos en un plazo de tres días hábiles.

2

Primera conversación y comprobación de independencia

Una breve llamada para conocer la función, las personas que intervienen y su calendario. Antes de formular cualquier propuesta, comprobamos si existen conflictos de intereses con arreglo a nuestra regla de separación.

3

Propuesta

Una propuesta escrita que expone el alcance, el equipo, el calendario, lo que necesitamos de usted y el precio.

4

El trabajo

Revisión documental, entrevistas y análisis. Usted designa a una única persona de contacto. Trabajamos a partir de las pruebas que aporta su institución y de fuentes publicadas.

5

Informe

Un informe escrito con las constataciones, las pruebas que las sustentan y las medidas recomendadas. Lo presentamos a las personas que deben decidir.

6

Decisión y revisión

Su institución adopta la decisión y la asume como propia. Si lo desea, volvemos en una fecha acordada para revisar lo que ha cambiado.

Independencia

Los proveedores de tecnología son clientes en las mismas condiciones que los organismos públicos. Para preservar la credibilidad de las evaluaciones, el Instituto no evalúa un sistema sobre el que haya asesorado o impartido formación, ni evalúa a una institución a cuyo proveedor haya asesorado. Transcurrido un período de incompatibilidad de 24 meses, la evaluación es posible, bajo la dirección de un jefe de equipo distinto.

Leer la regla de independencia

Noticias

Últimas noticias

Octubre de 2026

El profesor Andrii Paziuk, nombrado Director, y el profesor Maurizio Mensi, Presidente del Instituto

La propuesta de crear el Instituto se presentó en la Reunión Anual del European Group of Public Law (EGPL), celebrada en las instalaciones de la EPLO en Legraina, Sunión, Grecia, los días 11 y 12 de septiembre de 2026. Por su decisión de 14 de octubre de 2026, el Comité Ejecutivo de la EPLO creó el Instituto y nombró al profesor Andrii Paziuk Director y al profesor Maurizio Mensi Presidente, cada uno por un mandato renovable de tres años. Hasta el final de la guerra en Ucrania, el Instituto tiene su sede en Roma (Italia).

El profesor Spyridon Flogaitis, Director de la EPLO, con el profesor Andrii Paziuk.
Daria Kibets, el profesor Spyridon Flogaitis, el profesor Yurii Voloshyn y el profesor Andrii Paziuk.
Taller en la Reunión Anual del EGPL, 12 de septiembre de 2026.
Contexto jurídico

El Reglamento de IA de la UE: fechas clave para los organismos públicos

Para los organismos públicos de la Unión Europea, y para sus proveedores, el Reglamento de Inteligencia Artificial fija un calendario. Las fechas que figuran a continuación son las del Reglamento (UE) 2024/1689, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2026/1744 (Ómnibus digital sobre IA), que entró en vigor el 27 de julio de 2026.

  1. 2 de agosto de 2026El Reglamento es aplicable con carácter general. Se aplican las obligaciones de transparencia (artículo 50), y la Oficina de IA y las autoridades nacionales ejercen la supervisión y el control del cumplimiento. Los requisitos establecidos para los sistemas de IA de alto riesgo aún no son aplicables.
  2. 2 de diciembre de 2027Los requisitos se aplican a los sistemas de IA de alto riesgo contemplados en el anexo III. Entre ellos figuran los sistemas utilizados para el acceso a servicios y prestaciones públicos esenciales, la garantía del cumplimiento del Derecho, la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo, la administración de justicia y los procesos democráticos. Antes del primer uso, los responsables del despliegue que sean organismos de Derecho público, o entidades privadas que prestan servicios públicos, llevan a cabo una evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales (artículo 27).
  3. 2 de agosto de 2028Los requisitos se aplican a los sistemas de IA de alto riesgo asociados a productos regulados por los actos legislativos de armonización de la Unión (anexo I).
  4. 2 de agosto de 2030Los sistemas de IA de alto riesgo destinados a ser utilizados por las autoridades públicas e introducidos en el mercado antes de que los requisitos fueran aplicables deben estar ya en conformidad con el Reglamento (artículo 111, apartado 2).

Resumen orientativo, contrastado con las fuentes el 4 de octubre de 2026. No constituye asesoramiento jurídico. Prevalece el texto publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La DPLIA no es una evaluación de la conformidad con arreglo al Reglamento de IA y no sustituye a la evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales. Su expediente puede aportar pruebas para dicha evaluación.

Fuera de la Unión Europea, las mismas cuestiones se plantean con arreglo al Derecho nacional. El método no depende del Reglamento de IA.

Solicitud

Enviar una solicitud institucional

Indíquenos de qué función o sistema es usted responsable y qué necesita. Respondemos en un plazo de tres días hábiles.

O escríbanos directamente: info@dsf-eplo.org

Por favor, no incluya en esta fase documentos confidenciales ni datos personales de otras personas.

Utilizamos sus datos únicamente para responder a su solicitud.

Privacidad de las solicitudes